De enero a mayo de este año, mil 034 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el país, de los cuales el 12 por ciento residían en Guanajuato. Esta entidad ocupa el primer lugar nacional, con 179 víctimas, muy por encima del resto de los estados: Michoacán (con 101), Estado de México (68), Oaxaca (59) y Jalisco (56), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Guanajuato, 17 de julio (PopLab).- La muerte por disparos de tres niños a mediados de junio en Celaya causó conmoción no sólo en esa ciudad, sino a nivel nacional, luego de que circularan profusamente las fotografías de los cadáveres, resultado de los ataques a dos domicilios y un comercio, donde también murieron siete adultos; las muertes de estos menores se convirtieron en un caso emblemático, exhibiendo cómo la violencia se ensaña con los niños, niñas y adolescentes, no sólo contra sus cuerpos, sino contra su dignidad como víctimas y la de sus familias.
De las víctimas en la colonia Campo Azul, en Celaya, una de las ciudades más golpeadas por la criminalidad en el estado de Guanajuato, la niña tenía dos años, el niño tenía seis. Una de las mujeres tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo. Horas antes, en la calle Almendra de la misma colonia, habían ultimado a otro niño, de ocho años, e hirieron a un adulto. Estos hechos generaron indignación y la difusión de una campaña en redes sociales con la leyenda «Con los niños no».
De enero a mayo de este año, mil 034 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el país, de los cuales el 12 por ciento residían en Guanajuato. Esta entidad ocupa el primer lugar nacional, con 179 víctimas, muy por encima del resto de los estados: Michoacán (con 101), Estado de México (68), Oaxaca (59) y Jalisco (56), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De estos mil 034 niñas, niños y adolescentes, hubo un promedio de siete víctimas de asesinato diariamente. De ellas seis son varones. Esto, sin hablar de las desapariciones, en las cuales, se registran 7 casos al día en promedio. En este rubro, la entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo acaba de ser evidenciada de no entregar la información actualizada al Gobierno federal, algo que además de violatorio a la ley es un obstáculo para el monitoreo de otros delitos, incluyendo el homicidio.
Especialistas como Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), mencionan que se vive «una guerra», que requiere soldados, aportaciones «de fuego» y que deja control territorial y mucho dinero para las redes de macrocriminalidad (que involucran a políticos, empresarios y autoridades además de grupos criminales), lo que deja cada vez más indefensa a la población, como es el caso de Guanajuato, generando impunidad e invisibilidad de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
«NECROPOLÍTICA» Y CRISIS EN DERECHOS HUMANOS
Si antes de la pandemia, ocho de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNA) no podían salir solos a la calle o al parque por temor a la inseguridad, en estos días de una contingencia sanitaria que se prolonga más y más, la lógica no ha cambiado.
Aunque desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) el país vive en un contexto de violencia armada generalizada por la militarización de la seguridad pública, esta estrategia de guerra contra el crimen ha fracasado, no obstante, la administración de Andrés Manuel López Obrador continúa con la misma fórmula, que ofrece los mismos resultados.
El Balance Anual 2019 de REDIM ya menciona que, mientras hace unos años la violencia estaba concentrada en los estados del norte de México, ahora se desplaza principalmente hacia el centro/occidente, convirtiendo a Guanajuato, entidad con un Gobierno panista, en el primer lugar nacional de homicidios dolosos (asesinatos) de ciudadanos adultos, convertido también en «un cementerio» para la infancia y adolescencia, al registrar el mayor número de homicidios en la población de 0 a 17 años, con 179 casos tan solo de enero a mayo del presente año.
Estas estadísticas no solo son en términos de homicidios dolosos con arma de fuego, sino también los llamados «homicidios culposos» o no intencionales, que representan el 57 por ciento del total de muertes, lo que no tiene explicación lógica y que no tiene correspondencia en el resto de los estados del país.
Aquí, Juan Martín Pérez echa mano de un concepto, la «necropolítica»: las personas y las vidas no importan, solo los intereses políticos. Personajes como Diego Sinhue Rodríguez se victimizan por el supuesto abandono del Gobierno de López Obrador, en donde ambas partes involucradas cometen errores. Trenzados en sus conflictos partidistas, Morena a nivel federal y el PAN a nivel estatal, calculan sus decisiones con base político-electoral y lo que menos les importa es el cuidado de la vida y de la integridad de las personas, dijo.
El director de REDIM reconoció que Guanajuato no es una entidad aislada, forma parte de una república federal, y lo que aquí sucede es corresponsabilidad del Gobierno federal, de ahí que se debe evitar «el ping-pong» que traen la gestión de Andrés Manuel López Obrador y la de Diego Sinhue Rodríguez.
TRASCENDER A LA IDEA DE «ANDA EN MALOS PASOS
El método de «apagar» o inhibir la indignación pública por el asesinato de personas, generando la sospecha en las víctimas al asociarlas con grupos criminales fue inaugurado por Genaro García Luna, el entonces secretario de seguridad pública en el sexenio de Calderón, pero continuado por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y del propio Andrés Manuel, método que se ha aplicado también cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes.
Esto además de ser violatorio al debido proceso, también lo es a sus derechos humanos, sin embargo ha servido para evadir responsabilidades, para no exigir investigaciones y para depositar en las personas (incluso si son niños) la responsabilidad de su muerte o sus lesiones.
«Las víctimas requieren acceso a la justicia, requieren verdad y requieren reparación del año, cuando se criminaliza eso queda completamente anulado quizá no legalmente pero sí en términos de opinión pública», dijo Juan Martín Pérez en entrevista con POPLab.
Por ello, debe seguirse exigiendo a las autoridades la investigación en sigilo de los hechos, pues, independientemente de los vínculos familiares de los niños con alguien presuntamente vinculado a hechos criminales, será un juez quien establezca las responsabilidades.
Aquí entra también la actitud ética de la prensa ante el hecho noticioso, pues es conocida la presunta participación de agentes estatales en la difusión de fotografías de las víctimas, violando las leyes de protección de datos personales de los NNA afectados.
En el caso de los niños asesinados junto con sus familias en Celaya, REDIM lanzó un exhorto, principalmente a los medios de comunicación, para guardar la identidad y la imagen de las víctimas. No obstante, pocos días después se registró otra masacre, de tres niñas y dos mujeres adultas, en el municipio de Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, ahí, la Red exigió manejar el caso con perspectiva de feminicidio y que se detengan las filtraciones de imágenes de víctimas en hechos noticiosos (un mal endémico a nivel nacional). Posteriormente, el mismo Estado de México fue escenario de otra masacre, donde asesinaron a dos adolescentes de 15 y 16 años y otros dos jóvenes de 18 años, en Naucalpan.
UNO DE CADA 3 HOMICIDIOS CORRESPONDE A UN VARÓN
«Necesitamos una respuesta del Estado, que permita frenar la violencia armada contra NNA», por la que se registran 7 homicidios y siete desapariciones diariamente en total impunidad, esto, sin mencionar el reclutamiento del crimen organizado,. Esto «genera incertidumbre, dificultades de movilidad y de certeza para pensar en un proyecto de futuro en este país», situación que se agudizará en aspectos como la economía, la seguridad y las dinámicas sociales, advierte el director de la Red por los Derechos de la Infancia.
«Es muy grave la invisibilidad y omisión dolosa ante miles de homicidios que son premiados con la impunidad. Según datos oficiales, de cada 100 carpetas de investigación, donde niñas, niños y adolescentes son víctimas, solo 3 alcanzan algún tipo de proceso o sentencia».
El pasado 6 de marzo, el Estado Mexicano fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder ante las graves condiciones de desprotección para la niñez, en donde nuevamente se asumieron compromisos, que siguen sin cumplir.
En el mes de marzo se registró el feminicidio de una menor de edad, por arma de fuego. Con ella suman 180 niños, niñas y adolescentes asesinados en los primeros cinco meses del año.
#PROYECTO26 Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Hay tres factores que se presentan en estados donde hay una cifra baja de asesinatos (entre los que, lamentablemente, no está Guanajuato), y son: 1) Que ahí no hay militarización, que está claramente asociada a una guerra: ahí donde el Ejército está llevando capacidad de fuego para combatir el crimen, ahí es donde se incrementan los homicidios, las desapariciones, los feminicidios y otros delitos vinculados; 2) La fuerza y control territorial de los grupos criminales; y 3) El nivel de cooptación de las estructuras del Estado, desde el nivel municipal, estatal y federal. A menor cooptación, estructuras más fuertes y menor criminalidad.
No obstante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido renuente a desarrollar una Estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes: ninguno de su 25 proyectos estratégicos los menciona siquiera, y su política de austeridad ha causado un efecto negativo en los presupuestos a instituciones y programas especializados, como estancias infantiles, tratamientos para niños con cáncer, un recorte al sistema DIF de 27 por ciento, entre otros.
Por ello, REDIM ha propuesto al Presidente un #Proyecto26, «una oportunidad para construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de la niñez y juventud en la prevención de la violencia, y especialmente importante avanzar en la construcción de paz en los territorios más conflictivos» donde será necesario hacerse acompañar de expertos internacionales y sociedad civil; para ayudar a definir los tramos de responsabilidad institucionales a nivel federal, estatal y municipal en la prevención y atención de las violencias contra la niñez.
«La situación en Guanajuato no puede dejarse únicamente en manos de las autoridades», comentó Juan Martín Pérez,» necesitamos que la ciudadanía en su conjunto tome acciones para exigir el cumplimiento de la ley y desarrollar mecanismos de protección para sus niñas, niños y adolescentes».
